Andrés Iván Dueñas Castrillo, Presidente de la asociación de jóvenes investigadores de la UVa-INICIACTIVA y Profesor Ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

*Artículo publicado en El Norte de Castilla el 31 de diciembre de 2022

Todo aquel que empieza en el mundo académico sabe que su carrera es de fondo, que al inicio sus condiciones sociolaborales no serán las óptimas y que, incluso, es posible que sus compañeros de estudios de grado lleguen a estabilizarse antes de que lo pueda hacer él en la Universidad, y además con mejores salarios.

Los dirigentes de nuestras Universidades están defendiendo los últimos años la necesidad de que los jóvenes investigadores tengan una carrera que les garantice estabilidad y un sueldo digno. Lo hacen teniendo en cuenta la necesidad de rejuvenecer la plantilla porque, de otra forma, es posible que las Universidades de nuestro país no tengan los docentes suficientes en los próximos años debido a que no se incorporen tantas nuevas personas como jubilaciones se produzcan. Por eso, se ha incrementado el número de contratos predoctorales y plazas de profesor ayudante doctor (por poner un ejemplo, la Universidad de Valladolid incrementó de 2021 a 2022 de 41 a 82 el número de contratos predoctorales y de 71 a 132 las plazas de profesor ayudante doctor), lo cual, sin duda, reduce la edad media de personal docente e investigador en la Universidad y permite a quienes han terminado la tesis poder acceder con mayor facilidad a un contrato.

Sin embargo, los contratados predoctorales, los postdoctorales y los profesores ayudantes doctores no cobran los complementos salariales que les corresponden por derecho en las Universidades públicas de Castilla y León; aunque el II Convenio Colectivo del PDI contratado en Régimen Laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León estableció que el personal docente e investigador (PDI) laboral con contratos indefinidos (esto es, los contratados doctores) cobrasen los complementos retributivos en las mismas condiciones que el PDI funcionario.

Los complementos a los que estamos haciendo referencia son (i) los trienios por antigüedad en el puesto de trabajo, (ii) los complementos salariales autonómicos por haber accedido a la condición de doctor, (iii) los quinquenios docentes y (iv) los sexenios de investigación.

En los últimos días, se ha anunciado un acuerdo entre la Universidad de Valladolid y los sindicatos en virtud del cual se va a proceder al pago de los trienios para los contratados predoctorales y postdoctorales, que hasta ahora no tenían el derecho de solicitarlos ni cobrarlos, a diferencia de los profesores ayudantes doctores. Además, se anuncia que el cobro tendrá efectos retroactivos de un año y que la cantidad adeudada se pagará, como fecha límite, al finalizar el año 2023 [Acuerdo de retribución del complemento de antigüedad al PDI contratado en régimen laboral].

Sin embargo, este acuerdo no se ha producido para el caso de los profesores ayudantes doctores. Como ya se ha señalado, este es un problema que afecta a todas las Universidades públicas de Castilla y León. En concreto, el equipo rectoral de la Universidad de Valladolid, aunque se haya mostrado empáticos con la necesidad del pago de los complementos que han reivindicado los jóvenes investigadores, se ha excusado en que esto ha de ser materia de convenio colectivo. El problema es que las negociaciones para aprobar el III Convenio Colectivo del PDI contratado en Régimen Laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León están paralizadas y en el último año no ha habido ningún avance. Además de que tal afirmación no es correcta desde el punto de vista jurídico.

La Directiva 1999/1970 CE, del Consejo de la Unión Europea, estableció que los derechos reconocidos a los trabajadores indefinidos debían ser reconocidos también a los trabajadores no permanentes. Esta norma fue traspuesta posteriormente al ordenamiento jurídico español, motivo por el cual el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores establece que las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que las personas con contratos de duración indefinida, entre ellos los salariales. Se olvidan, por tanto, quienes hacen las afirmaciones que se han comentado en el anterior párrafo, que por encima de cualquier convenio colectivo está la ley, y que ninguna Administración puede incumplir lo establecido en el ordenamiento jurídico.

La jurisprudencia así lo ha hecho constar en varias ocasiones. De manera individual, existen sentencias que dan la razón a trabajadores de la Universidad de Valladolid que han reclamado el cobro de estos complementos y, de manera colectiva, los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cantabria y Andalucía han proclamado que las Universidades públicas de estas Comunidades Autónomas han de proceder al pago de estas cantidades a su PDI temporal, algo que ya hacen las Universidades de otras Comunidades Autónomas, como la de La Rioja o La Coruña, entre otras.

Para que el lector sea consciente de las cantidades que se están dejando de pagar, la tabla salarial publicada en el portal de transparencia de la UVa [https://transparencia.uva.es/_documentos/Retrib-31-enero.pdf] indica que la suma de los complementos salariales autonómicos ascienden a casi 250€ al mes, mientras que, por su parte, la de los quinquenios y sexenios es de más de 260€. Por tanto, un profesor ayudante doctor está dejando de cobrar cada mes, al menos, 250€, pero si además tuviera los méritos de un quinquenio y un sexenio, estaría dejando de percibir más de 500€ al mes.

En definitiva, la Universidad española en general, y la castellanoleonesa en particular, ha de rejuvenecerse si quiere seguir prestando sus servicios como lo ha hecho hasta ahora. Pero es difícil conseguir este objetivo si los jóvenes en Castilla y León perciben que la carrera investigadora es una carrera llena de obstáculos y, además, mal retribuida. Si sumamos el no cobro de estos complementos a que todo el PDI de las Universidades públicas de Castilla y León cobra un 10% menos que la media nacional, no es de extrañar que las personas más preparadas con un futuro prometedor busquen un puesto de trabajo fuera de esta Comunidad Autónoma. Para evitarlo, las Universidades públicas de Castilla y León han de cumplir lo establecido en el ordenamiento jurídico para con sus jóvenes investigadores. Pero no es sólo su responsabilidad. Lo es también de la Junta de Castilla y León, que ha de financiar más y mejor a las Universidades públicas, con el fin de crear puestos de trabajo de calidad y financiar una I+D+i que permita competir por arriba con otras Comunidades Autónomas y, en el conjunto nacional, nos acerquemos a la media de la UE del 2% de inversión del PIB en esta partida.